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    2019-05-15

    Confrontaremos los datos que la hemerografía nos ofrece y las fuentes orales que han permitido la reconstrucción y el conocimiento de la experiencia del -. A partir de ello, queremos contribuir en el discernimiento y reconstrucción del conflicto, el cual, Rupatadine Fumarate 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz, y de las demandas de resarcimiento y reconciliación, se encuentra en un punto crítico, debido al debate político que se ha polarizado ante los juicios que se realizan actualmente por los cargos de crímenes de lesa humanidad y por genocidio, en la búsqueda del ejercicio de la justicia. Por ello, este trabajo implica, en su quehacer histórico, la necesidad de aportar algunos elementos que funcionaron, y siguen funcionando, en la lucha ideológica guatemalteca, a través de los elementos disponibles que superaron la marginalidad y los escollos que subsisten de la vida en clandestinidad, tanto de los documentos como de aquellos que militaron en alguna organización revolucionaria. DEMONIOS ROJOS EN LA DEMOCRACIA La pertenencia a una colectividad en un escenario de guerra derivó en la configuración de elementos identitarios, mismos que fueron impulsados por las características ideológicas de la organización político-militar a la que se perteneció. El uso de estos términos durante los años que duró el enfrentamiento provenía de la lucha contra el comunismo, que tomó mucha fuerza durante los gobiernos de Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Árbenz Guzmán. El Estado guatemalteco y el anticomunismo derivaron en el uso de un lenguaje peyorativo para referirse a la oposición en general y a la armada en particular. Con ello buscaron legitimarse frente al otro por medio de su propio discurso, y justificar y naturalizar la violencia que ejercieron sobre su oponente. Asimismo, elaboraron una representación negativa de sus adversarios ideológicos para lograr la simpatía de grupos de interés específicos y de la población en general, al situarse como la opción “Democrática” dentro del escenario político. De cierta manera fue un enfrentamiento entre el bien y el mal, en el cual, el otro —el comunismo— encarnó a la maldad, como lo ha señalado Vela Castañeda: La Iglesia guatemalteca, a través del arzobispo monseñor Mariano Rossell y Arellano, encabezó y acrecentó esta idea en su cruzada anticomunista por el país, en la cual expresó que el comunismo sintetizaba, desde el punto de vista católico, “todo pecado”. El prelado utilizó los espacios religiosos y sus instrumentos para fomentar el rechazo a lo que consideró uno de los males de la humanidad. En 1945 inició su argumento diciendo que: Discurso que continuó durante la etapa democrática en el país centroamericano, para después usar la experiencia guatemalteca como ejemplo para otros países; allí denunció las “Tácticas y obras del comunismo en Guatemala”, en las que explicó que en él existía un “fomento a la inmoralidad”, asociándolo al consumo del alcohol, mientras que la “corrupción de la mujer” estaba por su lado asociada a la prostitución, entre otros temas. Así, paulatinamente fue asentándose un carácter negativo hacia los grupos opositores al régimen, siendo la ideología marxista el máximo antagonista: De ahí que el miedo al comunismo motivó el uso de términos peyorativos, que en diversos casos se institucionalizaron y formaron parte de las estrategias represivas y de control. Estas estrategias tuvieron como base leyes emitidas desde el derrocamiento de Jacobo Árbenz, e iniciaron con la creación del Comité de Defensa Nacional contra el Comunismo, Decreto núm. 23 de la Junta de Gobierno, con fecha 17 de julio de 1954, el cual daba carta abierta a los judiciales para capturar a comunistas. Más tarde, se apoyó en el Decreto de la Junta de Gobierno núm. 59 de agosto de 1954, Ley Preventiva Penal contra el Comunismo. La Constitución de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Constituyente el 2 de febrero de 1956, asentó en el capítulo ii referente a los Partidos Políticos, en el artículo 23: la prohibición de “entidades que propugnen la ideología comunista o cualquier otro sistema totalitario”, ratificada en la Constitución el 15 de septiembre de 1965, en el capítulo v, artículo 27. Ya en 1961, el gobierno de Ydígoras Fuentes había decretado la Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas, en la que se tipificaban como delitos la sustentación de la ideología comunista y la pertenencia a organizaciones que la reivindicasen. “Así, el anticomunismo no se redujo a un señalamiento moral, sino también difundió el miedo, con ejemplos suficientes como Rupatadine Fumarate para convertir la autocensura en sentido común para muchos sectores.”