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    2019-04-15


    Las medidas que toma el gobierno argentino y que abordamos en este apartado no se comprenden disociadas de este clima transnacional que marca un rumbo y delinea objetivos comunes para definir y afrontar la cuestión social. Ya en 2003, adopta un posicionamiento público respecto KY02111 la tendencia internacional que había marcado la declaración de los odm del año 2000. En su adaptación de este plan, la particularidad del gobierno argentino fue que profundizó las metas, al transformar al trabajo en objetivo y fijar como cuestión transversal aquella referida a la reducción de las desigualdades. Dentro de estas reformulaciones, la renacionalización del sistema previsional en 2008 y la implementación de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (auh) en 2009 constituyen dos políticas paradigmáticas para comprender cómo se incorporaron en la definición de la política social argentina los debates en torno al acceso a derechos y a la igualdad, a la vez que subordinar los diagnósticos en que prevalecía “el problema de la pobreza”. En esta dirección, el gobierno nacional propuso atender al problema de la desigualdad a partir de una modificación en el modo de intervención de la política social. Frente a un paradigma basado en la asistencia social, propuso una intervención desde lo que se ha denominado un “enfoque de las garantías ciudadanas”, que busca integrar acciones simultáneas en los ámbitos del mercado de trabajo, la asistencia social y los servicios públicos, con el horizonte controvertido de la inclusión social. En el primer caso, mediante el envío al Congreso de la Nación en 2008 de un proyecto de reforma estructural del sistema previsional, se propuso la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (sipa) en reemplazo del sistema de capitalización individual configurado a principios de la década de los noventa. La Ley 26.425 de noviembre de 2008 produjo la derogación del régimen de capitalización y la unifi del régimen de reparto en el sipa, que a su vez habilita a usar los fondos del Sistema Fondo de Garantía de Sustentabilidad. De esta manera, se proponía la conformación de un sistema único de reparto con administración estatal centralizada. A partir de allí el gobierno contó con recursos fiscales disponibles para el financiamiento de la transferencia de ingresos. La renacionalización del sistema previsional permitió transformar el Fondo de Jubilaciones y Pensiones en un Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que llegaría a 10% del pib, además de recuperar el flujo de dinero que quedaba antes en manos de las Aseguradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Asimismo, redefinió necesariamente la relación entre políticas de mercado de trabajo y seguridad social. A partir de la creación del sipa, se llevaron adelante moratorias que permitieron la incorporación al sistema de una gran cantidad de población, ya sea aquella que contaba con la edad jubilatoria pero no podía acreditar los años de aportes necesarios para jubilarse, o que contaba con los años de aportes pero se encontraba desempleada al momento de jubilarse. De este modo, se buscaba dar cuenta de trayectorias disímiles por el mercado laboral, propias de la reconfiguración de las condiciones de trabajo de la Argentina neoliberal, ya que muchas personas contaban con los años trabajados, pero los recorridos por instancias de trabajo informales o las situaciones presentes de desocupación obstaculizaban el goce del beneficio. Con estas modificaciones, en 2010 se llegó a Immunity in transposons un aumento significativo de las tasas de cobertura que alcanzaron 85% de la población con posibilidades de acceder, es decir, hombres mayores a 65 años y mujeres mayores a 60 años, que se vio a su vez reforzada por el aumento de los haberes mínimos y medios previsionales. En el caso de la auh es una asignación familiar que reciben por sus hijos los trabajadores desocupados e informales que cobren menos del salario mínimo, vital y móvil. Combina por un lado, las condiciones de los tradicionales programas tic precedentes en términos de salud y educación; por otro, la lógica de seguros sociales de la protección social en general –por su carácter de asignación familiar– y finalmente, un marco de ampliación de derechos –de los trabajadores en general y de los/as niños/as y jóvenes en particular–. La auh se constituye en componente del sistema de asignaciones familiares establecido el 1̊ de noviembre de 2009. Otorga una prestación no contributiva similar a la que reciben los hijos de los trabajadores formales “a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República de Argentina, que no tengan otra asignación familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal” (Decreto P.E.N 1602/2009, que modifica la Ley de Asignaciones Familiares N̊24.714). Cobran la auh los hijos de trabajadores formales con salarios menores de aquellos montos afectados por impuesto a las ganancias y los trabajadores informales que cobren menos del salario mínimo, vital y móvil. Rápidamente, se establecen modificaciones que permiten ampliar el alcance de la población que podría incorporarse: la Administración Nacional de la Seguridad Social (anses) anunció que, a partir del 1̊ de diciembre de 2009, se incorporaban al cobro los hijos de trabajadores rurales y de las empleadas domésticas.